Juan Ramón Ramírez
CM Noticias
octubre de 2007
Hasta hace algunos meses en San Luis Potosí (SLP), se podía hablar de seguridad y tranquilidad, incluso llegó a ocupar los primeros lugares en estados más seguros del país, sin embargo, se fueron registrando hechos no comunes para los potosinos. En aquellos tiempos se manejaron como hechos “aislados” y no se decía más, aunque hubiera indicios de delincuencia organizada.
A partir del 2007 las situaciones se tornaron muy distintas al grado de registrarse las ejecuciones de jefes policíacos como Jaime Flores Escamilla, Guillermo Amado Camarena y cambios radicales en los diferentes cargos de seguridad del gobierno del Estado.
La entidad potosina no es ajena a lo que sucede en el resto del país y cuando el presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa puso en marcha los operativos especiales en estados como Michoacán, Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero, entre otros, en SLP no se tomaron precauciones a pesar de saber que podría presentarse el “efecto cucaracha” (que los delincuentes y narcotraficantes buscaran nuevos lugares).
Así a principios de 2006, en febrero, Aguascalientes se vio sorprendido por la muerte de cuatro policías municipales que se enfrentaron a una supuesta banda criminal, el mismo día se registraron dos enfrentamientos más y se logró la detención de siete “sicarios”. Al término del operativo se reconoció que se trataba de delincuencia organizada.
Las autoridades potosinas por el contrario han dejado que la ciudadanía se allegue de información de mil maneras y no por las vías correctas, porque no se habla abiertamente y de frente de la inseguridad, eso genera incertidumbre, especulación y desconfianza, según el maestro en política criminal, Enrique Galindo Ceballos.
Agregó que en SLP se desatendió la situación del vecino estado aguascalentense y por el contrario se preocuparon al igual que en el ámbito nacional por tratar de cumplir con los criterios internacionales marcados para la cobertura de seguridad, que explicó detalladamente.
Dijo que existen cuando menos dos criterios numéricos que pueden establecer un parámetro para encontrar al número ideal de policías frente al número de ciudadanos. El de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que indica la proporción de 273 habitantes por un policía y contempla capacitación, entrenamiento, valores, prestaciones y seguridad humana tanto para el policía como para su familia, es decir, que tenga acceso a una vida digna.
El segundo es el modelo que aplica en algunas ciudades de Europa que dice, cuando menos debe haber dos policías por cada mil habitantes, y es un asunto que incluso se lleva a las campañas políticas. Este es el modelo más cercano a México y SLP.
De acuerdo al conteo del 2005, el estado de San Luis Potosí, tenía una población total de 2 millones 410 mil 414 habitantes, concentrada principalmente en la capital, Soledad de Graciano Sánchez, Matehuala, Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale, con más del 53 por ciento. En la zona metropolitana había 1 millón 104 mil 934 habitantes.
Según datos proporcionados por las diferentes áreas de seguridad de los tres niveles en el Estado hay aproximadamente 5 mil 500 elementos, más 400 elementos federales de manera temporal, la mayoría concentrados en la zona metropolitana. El manejo de la seguridad sigue siendo muy centralista y eso lo tiene muy bien evaluado la delincuencia, dijo el también ex director de seguridad pública municipal de SLP, Enrique Galindo Ceballos.
En la Dirección General de Seguridad Pública Municipal de SLP, hay 1 mil 431 elementos, en Soledad de Graciano Sánchez (SGS), 140, en Seguridad Pública Estatal y Policía Ministerial son 3 mil 800 y 80 más adscritos a la delegación de la Procuraduría General de la República.
De ahí, hay que hacer las respectivas divisiones de los turnos trabajados, de los que son tránsitos, administrativos, puntos fijos, guardias, permisos, vacaciones, incapacidades o bien los que pasan de una función a otra sin necesidad de especializarse. Para tener una buena cobertura en el segundo municipio más grande del Estado, SGS, se requiere de al menos 500 policías, dijo su director Manuel Hasbach Melchor.
Un giro en la “seguridad”
La madrugada del 14 de junio en la intersección que hace la carretera a Zacatecas con el Anillo Periférico, elementos de seguridad pública estatal se enfrentaron a un grupo armado. Hubo cuatro detenidos que fueron trasladados al penal de Puente Grande en Jalisco la tarde del 10 de octubre.
Posteriormente la noche del 13 de agosto, ejecutaron al coordinador de la Unidad Mixta de Atención al Narcomenudeo (UMAN), Guillermo Amado Camarena en la colonia Dalias, justo a unos metros de su casa. A pesar de la magnitud del acontecimiento se quiso seguir manejando como un hecho “aislado”, sin embargo, los diferentes sectores comenzaron a levantar la voz.
Un mes después, el 13 de septiembre, un comando armado ejecutó en la transitada avenida Rutilo Torres esquina con Alejandrina al entonces Director de Seguridad Pública del Estado, Jaime Gerardo Flores Escamilla. Más de 50 casquillos de grueso calibre quedaron en el lugar del crimen. Ahí todavía se quería “aislar” el hecho, pero ya era imposible.
Para el 1 de octubre en el municipio huasteco de Tamuín. Chocaron integrantes del 45 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano con presuntos narco secuestradores. Como saldo hubo 4 detenidos y una persona fallecida. En este caso se involucra a Modesto Zumaya Yudiche, hijo del diputado local panista Modesto Zumaya Salazar.
De los diferentes sucesos violentos, hasta la fecha, no se sabe de los avances en las investigaciones y mucho menos se habla de los posibles vínculos que pudieran tener con grupos de crimen organizado que operan en otros Estados del país.
Fue hasta el 25 de septiembre en el marco de su cuarto informe de gobierno y luego de las mencionadas ejecuciones que el gobernador, Marcelo de los Santos reconoció la presencia de delincuencia organizada en territorio potosino, pero no habló de avances en las investigaciones, tampoco mencionó a Guillermo Amado Camarena, sólo a Jaime Flores Escamilla.
También informó que la inversión en seguridad fue de 1 mil 709 millones de pesos (mdp), de los cuales 864 se fueron en sueldos y estímulos a los cuerpos de seguridad y custodios (más del 50 por ciento). 7 millones en uniformes, 5 en equipo de protección, 19 en vehículos y 27.5 más en un helicóptero. Sin embargo, más que equipamiento e infraestructura se requiere de compromiso y capacitación de los cuerpos policíacos.
Aunque los recientes acontecimientos violentos, han causado un ambiente tenso en SLP que incuso pudiera despertar miedo entre la población que no está acostumbrada a esto, la presidenta de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), María Elena Morera dijo que el miedo tiene dos funciones: paralizar o mejorar y para mejorar debe haber participación ciudadana que provoque el cambio, “no se trata de autoridades solamente, sino de cooperar y hacer algo unidos como sociedad”.
Manuel Hasbach Melchor, director de seguridad pública del municipio de SGS, agregó que no es un problema exclusivo de policía, sino un problema social. La policía da la cobertura a la gente que se ve afectada por los delincuentes, pero las familias tienen mucho que ver, porque los infractores en su mayoría (95 por ciento) son menores de 20 años.
Movimientos en los cargos de seguridad
Desde el 2 de julio el entonces director de la Policía Ministerial del Estado, Víctor Hugo Ramos Ortiz argumentando motivos personales presentó su renuncia, pero fue hasta el 29 de agosto, dos semanas después de la ejecución del coordinador de la UMAN, Guillermo Amado Camarena que se le aceptó, a su lugar llegó Martín Serrano Gómez. Se rumoró que Ramos Ortiz estaba amenazado y por eso decidió irse.
Cinco días después y luego de varios trascendidos sobre su salida de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal, el 3 de septiembre, Ignacio Cisneros fue cambiado a Protección Civil. Como nuevo director fue nombrado Gerardo Olvera Vázquez, quien pertenecía a las filas de la Policía Federal Preventiva (PFP).
Sólo un día después de la ejecución del Director de Seguridad Pública del Estado, Jaime Gerardo Flores Escamilla, Se aceptó la renuncia del Secretario Ejecutivo de Consejo Estatal de Seguridad Pública, Marco Antonio Novella Juárez. En su cargo se nombró a Cesáreo Ramón Martín Carvajal Guajardo, quien fue secretario de seguridad en el gobierno de Sergio Estrada Cajigal en el estado de Morelos. Esto el 14 de septiembre.
El 20 de septiembre se anunció la llegada de 300 elementos de las Fuerzas Federales de Seguridad para reforzar los operativos en la entidad potosina. Desde ese día en la zona metropolitana de San Luis Potosí se colocan retenes especiales en puntos específicos de “conflicto”.
Dichos operativos han generado descontento en parte de la sociedad, pues argumentan que la técnica para realizarlo no es la mejor y las formas no son las más convenientes y amables, al respecto el maestro Enrique Galindo dijo que la confusión se genera porque la policía reprime acciones sociales y la misma policía tiene que cuidar, hay un divorcio entre corporaciones y sociedad, por la falta de especialidades que determinen funciones especificas.
La presidenta de MUCD María Elena Morera, dijo que es importante la coordinación federal, estatal y municipal que no se ha visto. Pareciera que opera el federalismo en algunos de los estados como SLP, pero la responsabilidad de garantizar la seguridad a la ciudadanía es de los gobiernos municipales.
Exactamente 13 días después de la ejecución de Flores Escamilla, el 26 de septiembre, el Secretario General de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca, tomó protesta a José Eduardo Baca González como nuevo director de seguridad pública estatal, al igual que Carvajal Guajardo, no es de San Luis Potosí.
En SLP hay gente capacitada en materia de seguridad. Lo importante es que la curva de aprendizaje de quien viene de fuera debe ser muy rápida porque en seguridad no hay tiempo. ¿Quién sabe cuál es el tipo de delincuencia? ¿Cómo está tasada? ¿Qué delitos se cometen? ¿Y las estadísticas? Los de aquí. Cada vez que llega un foráneo a un puesto de seguridad, hay descontrol, falta de productividad, de interés, nerviosismo y no hay certeza laboral, dijo el maestro en política criminal, Enrique Galindo Ceballos.
La oleada de cambios llegó a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la tarde del 28 de septiembre corrió fuerte el rumor de la salida del titular de la misma y aunque de inicio se manejó que había renunciado Guillermo Salazar Trejo, horas después el mismo gobernador Marcelo de los Santos dijo que se trató de un despido por la necesidad de un nuevo perfil. Por Ministerio de Ley quedó como encargado de la procuraduría, el Subprocurador Jurídico, Antonio Martínez Portillo, quien en su calidad de procurador reconoció la existencia de “levantones” en la entidad. Al mismo tiempo, se anunció la salida de Miguel Angel Carbajal Martínez, quien fungía como subprocurador de la Huasteca Norte. De manera oficial el cambio se manejo el sábado 29 de septiembre.
La propuesta que el ejecutivo mandó al Poder legislativo local para el nuevo procurador fue Francisco Martín Camberos Hernández, quien fue ratificado por los diputados locales en la sesión ordinaria de la tarde noche del miércoles 3 y la madrugada del jueves 4 de octubre. El nuevo procurador aunque es potosino de origen su carrera la ha llevado en otras entidades. Su cargo anterior, delgado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Sonora.
A exactamente un mes de su llegada, la noche del 2 de septiembre se manejó la renuncia de Gerardo Olvera como director de seguridad pública municipal, sin embargo, la situación se tornó complicada ya que por más de 24 horas la incertidumbre se apoderó del tema. Fue hasta el medio día del jueves 4 de octubre que se anunció la permanencia comandante Olvera como director de seguridad y de Sergio Padilla como director de transito, es decir, no hubo cambios.
Como causa del intento de salida de Olvera Vázquez se manejó la posibilidad de corrupción al interior de tránsito municipal, el regidor capitalino Angel Castillo, señaló que ese era un “secreto a voces”. Al respecto el ex director de dicha corporación, Enrique Galindo Ceballos, dijo que la corrupción es un mal que aún no se ha podido erradicar de las corporaciones policíacas, pero un diagnostico claro no hay, por eso tampoco se encuentra el remedio.
El 8 de octubre por la mañana se revisó la posibilidad de armar a las corporaciones policiacas de los 58 municipios potosinos, por la noche el coordinador de la Fuerzas Policiacas Federales en SLP, David Zavala, anunció la llegada de otros 100 elementos para reforzar los operativos ya implementados en la entidad.
El miércoles 10 al medio día renunció el director de seguridad pública de Soledad, Manuel Hasbach Melchor, ese mismo día por la noche también la delegación de la Procuraduría General de la República en SLP anunció la salida de Enrique Buendía Ramos como delegado dejando como encargado de despacho a Francisco Lara.
La tarde de ese mismo miércoles grupos de élite, Alfas, el Equipo de Reacción Contra el Crimen Organizado (ERCCO), fuerzas federales y militares que en total sumaban treinta vehículos trasladaron a Damián Kevin Sepúlveda, Raúl Rodríguez Sánchez, Roberto Reyes Rodríguez y Miguel Angel Ventura Sosa, reos federales que participaron en la balacera del 14 de junio en carretera a Zacatecas y que había sido presentados en la Ciudad de México al Penal de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco.
El viernes 12 a las 11 de la mañana en medio de un fuerte dispositivo de seguridad llegaron procedentes del Centro de Rehabilitación Distrital de Ciudad Valles, por órdenes del Juez Quinto de Distrito y del Juez Segundo Mixto, tres secuestradores que estuvieron involucrados en los hechos de Tamuín. Se trata de Lucio Alberto Mendoza Ramos, Armando Mar Hernández y el menor de edad Mauro Israel Olvera Ruiz.
Aunque no se ha oficializado, está latente el rumor de la renuncia del titular de la fiscalía en Asuntos Relevantes y de Alto Impacto de la PGJE, Oscar Kemp Zamudio quien se dice está de vacaciones.
Enrique Galindo Ceballos, lamentó que todos los movimientos que se han registrado obedezcan a las acciones que los grupos de delincuentes han realizado en la entidad y no porque se trate de una política de seguridad planeada. “son operativos de reacción, no de prevención”, agregó.
María Elena Morera de MUCD, dijo que si bien no se ha tocado fondo en el tema de seguridad, las consecuencias de la lucha contra la delincuencia abren una oportunidad histórica para ir por las reformas de seguridad de fondo, cambiar las instituciones y tener un mejor país que garantice el derecho a la seguridad, que es uno de los primordiales.
El trabajo coordinado y la estrategia policíaca debe incluir a la ciudadanía para generar esa confianza que se necesita en las autoridades y entonces si, se pueda tener la participación ciudadana a través de la denuncia y para eso también la gente quiere ver resultados claros e información real de por qué tenemos que convivir con agentes federales de seguridad e integrantes del ejército mexicano en las calles de San Luis Potosí.
